VICENTE PÉREZ
La futura central hidroeléctrica de Güímar, que aprovechará los enormes hoyos dejados por las industrias ilegales de áridos, requerirá una inversión superior a los 1.000 millones de euros, que aportará Red Eléctrica de España (REE), empresa de la que el Estado es el mayor accionista.
Se trata de un proyecto que tardará muchos años en hacerse realidad, previsiblemente una década o más, pero al que el Gobierno de Canarias, a través de su consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, le quiere agilizar por su importancia para «descarbonizar» y asegurar el sistema eléctrico de Tenerife-La Gomera, mediante el empleo de energías renovables.
«Yo no voy a entrar en plazos, pero vamos a hacer todo lo posible para que sea cuanto antes y reducir esos plazos con empeño», manifestó el político palmero en declaraciones a los periodistas durante un desayuno informativo celebrado en el hotel HC de Santa Cruz de Tenerife con motivo del primer aniversario de la puesta en marcha de las Oficinas de Energía de Canarias.
Hernández Zapata sí que cifró sus esperanzas en que «incluso en el plazo de meses podamos ver maquinaria de REE posicionada en la zona para realizar los estudios geotécnicos para luego elaborar el proyecto con la mayor información posible».
De hecho, la pasada semana la ministra de ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, iba a visitar Tenerife el pasado 3 de febrero para escenificar el “inicio de la tramitación” de este proyecto, pero se suspendió por las torrenciales lluvias en la Península.
El consejero explicó que el expediente para construir esta central «está en un proceso inicial, en el que el Ministerio va a solicitar informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), luego lo solicitará al Gobierno de Canarias y nos pondremos ya de lleno a trabajar en la declaración de impacto ambiental , que esperamos que se pueda agilizar porque es una zona degradada».
Enfatizó que se trata de «uno de los objetivos de legislatura» del Gobierno canario, «dejarle el camino más libre posible para el Ministerio».
Esta central será como la de Chira-Soria que ya se construye en Gran Canaria, y se usará electricidad sobrante producida por aerogeneradores para bombear agua a un depósito superior, de modo que cuando sea necesario más energía (picos de demanda o caída del viento), el salto de agua genera electricidad.
Los embalses irán ubicados en los gigantescos agujeros dejados en la cuenca del barranco de Badajoz por las empresas de áridos. Unas industrias ilegales que cometieron «el mayor atentado ecológico producido en Tenerife», en palabras de Hernández Zapata.
En 2023, después de 18 años de recorrido judicial, el caso llegó a su fin con la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y Enrique Morales y ratificó la indemnización de 185 millones de euros impuesta por la Audiencia Provincial a estos areneros para que de este modo paguen el daño causado.
La Audiencia Provincial , no obstante, había declarado imposible rellenar de nuevo con tierra y rocas estos huecos monumentales. Y ahí es donde el Gobierno canario y el Cabildo han apostado por usarlos como embalses de la central hidroeléctrica, es decir, llenarlos de agua.
El consejero, entrevistado en el programa de radio La Carretera del Sur (Onda Tenerife) afirmó este miércoles que el Gobierno canario está «trabajando también con los propietarios de esos hoyos para llegar a un acuerdo» para que ellos, los condenados, cumplan la sentencia condenatoria y Tenerifes pueda contar con su central hidroeléctrica. Un acuerdo que, en todo caso, «debe estar avalado por la sala judicial».
«Lo vemos con absoluta ilusión, con absoluto optimismo, porque va a ser una de las claves del futuro para afrontar de manera óptima esa transición energética en el eje Tenerife-La Gomera», subrayó el titular de Transición Ecológica y Energía durante el desayuno informativo.