PLANETA CANARIO
El grupo municipal de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presentará una moción en el próximo pleno municipal de para demandar la ratificación del Pacto Antitransfuguismo y el cumplimiento de la normativa actual.
El portavoz nacionalista, Juan José Martínez, recordó que sobre los dos concejales de Ciudadanos (Cs) que forman parte del nuevo grupo de gobierno (Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano) pesa un expediente de expulsión que, una vez formalizado, les convertiría en «tránsfugas» y, por tanto, en concejales no adscritos, «lo que les impediría, entre otras cosas, ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva o parcial».
Martínez recordó que esa expulsión está pendiente solo de un «mero formalismo» interno de Cs y que, ante este escenario, CC pide «la aplicación de la ley vigente y del pacto antitransfugismo en Santa Cruz».
El portavoz pidió a la alcaldesa, Patricia Hernández, a no apoyarse en tránsfugas para gobernar, tal y como determina el pacto, «puesto que tiene otras opciones si quiere seguir haciéndolo».
Martínez consideró «inexcusable» la toma de posición del Pleno del Ayuntamiento «sobre un asunto que entronca directamente con la calidad de la democracia, con el cumplimiento de la normativa vigente y con la demandas ciudadanas de transparencia y buen gobierno».
La propuesta aboga en concreto por «hacer cumplir en el ámbito concreto de la corporación local de Santa Cruz de Tenerife los preceptos» del acuerdo e instar a la «Secretaría General del Pleno y a todos los servicios, organismos y sociedades municipales a la realización de las gestiones precisas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den cumplimiento a los citados preceptos y a la normativa general y autonómica cuando hubiere lugar».
La moción recuerda que «la solidez de una democracia viene determinada por el exquisito respeto al ordenamiento jurídico, pero de igual modo es exigible la ejemplaridad en la conducta de quienes desempeñan cargos de representación pública».
«Una ejemplaridad», continúa el texto, «que ha de tener su mayor expresión en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y en el deber de lealtad política conectado directamente con aquélla».
Un pacto suscrito hace 21 años
El Pacto Antitransfuguismo se firmó hace 21 años con la participación del PSOE, PP, IU, Convergència Democrática, Unió Democrática, Esquerra Republicana, Iniciativa Per Catalunya, PNV, Eusko Alkartasuna, BNG, Coalición Canaria, Unión Valenciana, Xunta Aragonesista, Partido Aragonés, Partido Andalucista y Unión del Pueblo Navarro.
El documento fue renovado el 26 de septiembre del año 2000 y ratificado de nuevo el 23 de mayo de 2006, por lo que «goza de plena vigencia», resaltan desde CC.
El pacto señala en uno de sus puntos que «los partidos políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas».
CC apunta que la Ley de Municipios de Canarias regula en su artículo 28 la figura de los concejales no adscritos y establece, en el apartado 4.c que «no podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación».
La propuesta nacionalista señala que tanto la firma del acuerdo original y las sucesivas ratificaciones, así como la promulgación de leyes al respecto, revelan la «preocupación» de los partidos políticos del Estado por el asunto, en sintonía con una «creciente percepción y decepción ciudadana por el deterioro de la actividad política y el aumento de la desconfianza hacia los políticos y las instituciones».
Expulsados de Cs por acabar con cuatro décadas de gobiernos de CC
Cabe recordar que los dos concejales expulsados de Cs han alegado que no incumplieron órdenes expresas del partido, que este estuvo informado de sus negociaciones con el PSOE. Zambudio, en el pleno constituyente, cuando apoyó a Patricia Hernández como alcaldesa, dejó claro que con su voto pretendía «acabar con los chiringuitos políticos» y los «escándalos» tras cuatro décadas de gobiernos de CC, así como «regenerar y limpiar» el Ayuntamiento chicharrero.
El sector de Cs que les apoya, y que ha hecho circular una carta dirigida al líder nacional, Albert Rivera -publicada incluso en Change.org para recoger firmas-, ha defendido este pacto con el argumento de que el mensaje que siempre se transmitió a los electores fue el de no pactar con CC y propiciar un cambio político que apeara del poder al nacionalismo canario, al cual asocian a «corrupción y nepotismo», por lo que consideran «una traición al electorado» el haber permitido que José Manuel Bermúdez volviera a gobernar.
Esta división interna en Cs ha provocado la destitución del comité autonómico del partido, y su sustitución por una comisión gestora, que este sector crítico considera solo un lavado de cara para que no estén al frente del partido quienes han sido hasta ahora dirigentes regionales y miembros del comité de pactos (Teresa Berástegui, Vidina Espino, Melisa Rodríguez), pero sin que eso suponga una desautorización de las directrices que dieron, pues los expedientes disciplinarios siguen adelante.
También están expedientados los consejeros de Cs en el Cabildo de Tenerife que este miércoles apoyarán una moción de censura contra Carlos Alonso (CC).
El resultado de todo este conflicto es un cisma en las bases y dirigencia de Cs, y ya ha dimitido el coordinador en El Hierro, Lizardo Gaspar Cejas Padrón, quien desmintió los argumentos para las expulsiones ya que considera que el mensaje del partido fue que no habría pactos con el PSOE a escala nacional pero sí en las administraciones autonómicas y locales.
