PLANETA CANARIO
El número de viviendas vacacionales disponibles en Canarias ascendió en marzo pasado a 48.168, lo que que supone un crecimiento del 6,3 % en el último año. Este es uno de los datos que pueden consultarse en la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
La mayor parte de este tipo de viviendas está en la isla de Tenerife, que cuenta con el 41%.
En Gran Canaria están ubicadas el 22 % de estas viviendas.
En Lanzarote y Fuerteventura está el 16% y el 13%, respectivamente, de este parque inmobiliario
En total hay más de 201.665 plazas de alojamiento disponibles en viviendas vacacionales. Esto supone un 4 % más con respecto a marzo de 2024.
Durante el mes de marzo, 45.927 viviendas recibieron alguna reserva, lo que supone un 95 % del total de las viviendas disponibles en las plataformas digitales analizadas.
El objetivo de esta operación estadística experimental del IAC es ofrecer indicadores mensuales de la capacidad, la ocupación y la rentabilidad de la vivienda vacacional que esté disponible en las plataformas analizadas en el mes de referencia, entre otros datos de interés para el sector.
Al tratarse de datos similares a los que se obtienen con las encuestas tradicionales de alojamiento hotelero y extrahotelero, permite la comparación entre ambas tipologías.
Para este estudio, se publican datos de las viviendas vacacionales que prestan servicio de alojamiento en Canarias y que se ofertan en plataformas digitales de intermediación.
En la actualidad, el Parlamento de Canarias tramita el proyecto de ley que regulará el alquiler vacacional, con la denominación oficial de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
La propuesta que se debate en el Parlamento determina que el 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística.
En el caso de las llamadas islas verdes o menores, se establecen los porcentajes en un 80/20.
Además, el texto prohíbe la comercialización de vivienda de protección oficial; se fija que la vivienda de nueva construcción se quede en el mercado diez años como vivienda antes de convertirse en activo turístico.