PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes 17 de abril un decreto ley de medidas urgentes medidas urgentes de carácter social para 38.000 personas sin recursos cuya situación se haya visto agravada por el confinamiento debido al estado de alarma por el coronavirus. La ayuda económica la ha denominado el Ejecutivo regional Ingreso Canario de Emergencia, y supondrá, 367 y los 478 euros por familia.
Asimismo, el decreto libra del pago de su alquiler a los más de 17.000 inquilinos de viviendas públicas.
El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres (PSOE), adelantó tras el Consejo de Gobierno que, en breve, se aprobará también otro decreto ley con medidas económicas para paliar la situación provocada por el coronavirus.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud, Noemí Santana (Sí Podemos), que también intervino en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló que el Ingreso Canario de Emergencia «se ha elaborado en un tiempo récord, en apenas tres semanas y es una medida puente hasta que llegue el Ingreso Mínimo Vital que pondrá en marcha el Estado”.
Por otra parte, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis (PSOE), aclaró que los inquilinos de las viviendas públicas no tendrán que hacer ningún trámite para la exoneración de sus alquileres, “sencillamente, no se emitirán los recibos de abril ni de mayo”. Y, añadió que “si el estado de alarma se prologara, también se prolongará esta medida”.
Por último, Franquis especificó que además de la exoneración del pago de alquiler de las viviendas públicas, el Ejecutivo destinará 5,4 millones a pagar las ayudas a las familias que vivan de alquiler en una vivienda privada y demuestren estar afectadas económicamente por la COVID-19.
El coste de estas medidas será de 16 millones de euros, de los que 6 millones provendrán de dinero presupuestado dentro de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el adelanto de la Renta de Ciudadanía y los restantes 10 millones provienen de fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales.